La Junta vigilará las medidas de salud laboral de las empresas de la construcción
Las empresas que se mueven en el campo de la construcción no podrán trabajar legalmente a partir del 27 de agosto si no se inscriben en un registro autonómico en el que deberán acreditar que cumplen los mínimos exigidos por la ley en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
La Consejería de Economía y Empleo creó el 6 de junio el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción, que desarrolla una de las medidas que la ley estatal que regula la subcontratación establece para «mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del mismo». Sólo en Castilla y León, los empresarios y autoempleados dados de alta como autónomos en la Seguridad Social en el sector de la Construcción ascienden a 23.269.
La iniciativa afecta a empresas que trabajan en cualquier tipo de obra, no sólo aquellas que mantienen contratos con las administraciones públicas, y no se circunscribe a las que se dedican solamente al ladrillo. Además de las firmas de albañilería, están obligadas a inscribirse todas aquellas que desempeñan oficios ligados a una obra, desde pintores a carpinteros, pasando por electricistas, alicatadores y fontaneros, entre otros. La medida atañe también a los empresarios extranjeros que desplazan operarios a los tajos de la región.
«Se trata de que todo trabajador empleado en la construcción, sector a la cabeza de las cifras de accidentes laborales, tenga formación adecuada en medidas de salud y de seguridad y de constatar la solvencia de las empresas», precisa el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Miguel Ángel Díez Mediavilla. El alto cargo de la Consejería de Economía y Empleo que dirige Tomás Villanueva resalta que el nuevo registro intenta que dejen de operar «empresas que funcionan como tal sin serlo».
Combatir la siniestralidad laboral por el flanco de la construcción tiene bastante sentido. Es el sector de mayor riesgo para los trabajadores. Da empleo al 13% de la población ocupada y concentra el 27% de los accidentes en general, y casi la mitad (el 47%) de los siniestros que acaban con algún muerto. Los porcentajes son contundentes, pero las cifras generales dan una idea más precisa de la magnitud de la situación. Desde enero hasta abril se han producido en las obras o de camino a ellas 3.645 accidentes, de los que 54 han sido graves y 8, mortales. El año 2007 cerró balance con 12.389 siniestros en la construcción, de los que 24 acabaron con llamadas a la funeraria y 114, en las urgencias del hospital con heridos graves.
Subcontratas
El registro desarrolla la ley que regula las subcontratas, modalidad de trabajo en la que una empresa encarga a otra que se haga cargo de parte de un contrato, por lo general a más bajo precio. Las subcontratas acumulan más accidentes aún que las empresas que se hacen con la adjudicación de las obras. «El ladrillo y el cemento cuestan igual a todo el mundo. ¿Dónde ahorran para ajustar más barato? En hacer trabajar más horas a cambio de ocho y en temas de seguridad? Eso se tiene que acabar», concluye Miguel Ángel Gutiérrez Fierro, del Metal, Construcción y Afines de UGT. Esta normativa aborda también la reducción de los empleos temporales en las subcontratas y obligará en el 2010 a que el 30% de la plantilla sea fija. Será la Inspección de Trabajo, con una plantilla de 61 inspectores y 68 subinspectores que, a juicio de la Junta y de los sindicatos, está bajo mínimos, la encargada de vigilar la veracidad de los datos del registro.
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